El Instituto de Estudios Políticos, la Oficina de Planeación de la Universidad de Antioquia y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia realizarán el Seminario: “La Gestión de las instituciones públicas de educación superior en Colombia”. En el enlace encontraran más información sobre este Seminario
Este próximo jueves 4 de noviembre la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín y la Universidad de Antioquia realizarán en asocio la CÁTEDRA PÚBLICA – RECTORÍA “El cambio de sentido y el sentido del cambio” a propósito de las tensiones de la paz y la violencia de la educación. Este encuentro académico contará con Lydia Rebouças de Mello y Patricio Duprat, de la Universidad Internacional para la Paz – UNIPAZ.
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Enlazo y reproduzco en esta entrada noticia en Portafolio.Com.co sobre las normas Internacionales de Contabilidad.
Contabilidad global, a paso lento
Las Normas Internacionales de Información Financiera Niif o Ifrs, por sus siglas en inglés, son un conjunto de disposiciones y lineamientos contables, con un alto grado de detalle, que le dan una estructura razonable a la información financiera y a la contabilidad de las empresas.
Estas reglas se están convirtiendo en el lenguaje contable universal para asegurar que en todos los países se hable el mismo idioma financiero, homogenizando los marcos de información y facilitando la interacción de los mercados, dando un paso más hacia la globalización.
En los últimos años, los países de la Unión Europea, Canadá, Hong Kong, Sudáfrica, Australia, Rusia, Chile, Panamá, Venezuela y Ecuador, entre otros, han adoptado las Ifrs, dirigiendo su economía hacia el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas, lo que demuestra el gran interés que despierta este tema para el mundo entero.
En Colombia, recientemente, ha cobrado una gran importancia con la aprobación de la ley 1314 de 2009, que establece la directriz del Gobierno de avanzar hacia los estándares internacionales de contabilidad y auditoría.
Colombia viene utilizando el mismo marco contable desde 1993, contradiciendo una de las premisas de la profesión que estipula la necesidad de permanente actualización, más que en las normas, en la misma ciencia contable.
"Mientras que el mundo siguió evolucionando en materia de contabilidad, las normas colombianas permanecieron quietas e incluso muchas de las instituciones educativas siguen sin enseñar los estándares internacionales, asegura Javier Enciso, Associate Partner de PricewaterhouseCoopers.
Al indagar sobre las causas de este atraso de casi 20 años, una de las razones más fuertes podría ser la dependencia de la promulgación de las normas contables a través de leyes, con lo cual, cualquier cambio que se hubiese hecho en este largo periodo debía vivir un proceso muy demorado. La ley 1314 de 2009 pensó en esto y definió un mecanismo más eficiente.
¿Cómo nacieron las Ifrs?
En los años 70, algunos países Europeos, Canadá y otros, crearon en Londres un organismo que hoy es conocido como Iasb (International Accounting Standard Board), cuya función es estudiar la ciencia contable y generar normas (doctrina) para fortalecerla. En esa época, las normas que se emitían eran conocidas como IAS (International Accounting Standard), actualmente las IFRS (International Fianancial Reporting Standards).
En términos generales el procedimiento que se sigue para generar las normas contempla los siguientes pasos: estudiar un tema específico, poner el borrador a consideración de expertos y del público; evaluar y responder los comentarios; y emitir la norma con un periodo estipulado para su implementación.
Un mismo principio contable
Las normas contables globales toman fuerza en el mundo desde el 2003. Los países de la Unión Europea detectaron como un hecho crítico en su proceso de consolida- ción, la existencia de di- ferentes estándares para manejar su información financiera y contable, dificultando las transac- ciones y negocios entre ellos. Viendo esta barrera determinan que todos los países deben tener el mismo principio contable y deciden fortalecer al IASB, construyendo un marco con normas muy detalladas, especialmen- te en los requerimientos de información.
Cómo ha avanzado Colombia en IFRS
Sin duda, el país está en desventaja en materia de información financiera, afectando directamente la competitividad de las empresas en el mercado internacional. Las normas financieras colombianas no tienen un buen grado de detalle.
"Aunque las bases de los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país son las normas internacionales, el marco local contable sólo tiene los párrafos generales, y por eso el grado interpretación es muy amplio generando tratamientos contables muchas veces no adecuados. En realidad, la norma se quedó en los años 90 y no hemos evolucionado", diceel Enciso.
No haber implementado las normas internacionales en Colombia puede llegar a ser un gran obstáculo para nuestra economía. El mercado global obliga a estar en constante proceso de actualización e internacionalización, las Ifrs generan confianza en los inversionistas y en las empresas que pretenden hacer negocios con Colombia.
Seguramente cuando las empresas nacionales quieran hacer negocios en otro país u obtener recursos de alguna entidad internacional, se les pedirá como carta de presentación sus estados financieros bajo las Ifrs, caso que sucede actualmente con más frecuencia de la imaginada.
No se puede permitir que un tema de normas contables reduzca la competitividad de nuestras empresas, tampoco nos podemos seguir conformando con reportes financieros que no brinden la información suficiente a los usuarios para la toma de decisiones.
Así lo confirmó hoy la titular de la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas), Sandra Morelli, quien explicó que están afectados 61 de los al menos 70 contratos que entidades públicas firmaron con el conglomerado de los hermanos Guido, Manuel y Miguel Nule.
"Es un tema muy complejo, porque estamos hablando de más de 70 contratos celebrados a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal", admitió Morelli a Caracol Radio.
La funcionaria dijo que su despacho tiene ya identificados 61 contratos, cuyas fechas de preclusión van de finales de este mes a comienzos de noviembre próximo.
Por ello instó a los entes públicos que contrataron con el Grupo Nule a que no dejen expirar los plazos para que puedan constituirse en parte civil en los procesos de liquidación de las empresas.
Al menos cuatro firmas de los Nule entraron en suspensión de pagos y, por consiguiente, en un proceso de liquidación, advirtió la Superintendencia de Sociedades.
Al riesgo de los anticipos entregados por el Estado, se suma que la crisis ha obligado a los Nule a ceder algunos contratos, mientras que otros apenas avanzan o están prácticamente paralizados.
Los anticipos se refieren a contratos adjudicados al Grupo Nule por el Instituto Nacional de Vías (Invías), el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otras entidades o dependencias.
El escándalo ya ha salpicado a personalidades como los alcaldes de Bogotá, Samuel Moreno; y de Barranquilla (norte), Alejandro Char.
EFE
Desde la última campaña para la Rectoría de la Universidad de Antioquia, el tema fundamental, entre otros muchos, radicaba en la seguridad y en la convivencia dentro de nuestra Alma Máter. Recogía la expresión pública y explícita de toda la comunidad, su permanente preocupación, porque nuestros espacios, que debían ser dedicados a la docencia, a la investigación, a la extensión, a la cultura y al bienestar, se los tomaron universitarios y personas ajenas a la Institución, que los apropiaron y los dedicaron a intereses privados e ilícitos, contrarios a la misión que nos encomienda la sociedad.
La gran perversión de quienes han actuado de esta manera yace en que ese pacto tácito entre universitarios y sociedad, para destinar recursos públicos a la formación de miles de jóvenes con carencias económicas, para investigar las múltiples problemáticas que vive la sociedad, y para contribuir al desarrollo del país y a la superación de la pobreza y de la inequidad, fue puesto en jaque.
La comunidad académica ha vivido esa desazón, por tres hechos que configuran la problemática actual:
La violencia que ejecutan grupos de personas encapuchadas, armadas con lo que comúnmente se conoce como bombas papa, que son realmente explosivos artesanales, y que en los últimos años han mutilado partes del cuerpo de tres jóvenes estudiantes que se encontraban en su más bella edad. Igualmente, y para realizar sus actividades ilícitas, esas personas intimidan a profesores, a estudiantes, a empleados, a visitantes, y los obligan a desalojar sus lugares de estudio y de trabajo.
El segundo hecho se encuentra en la venta y en el consumo de estupefacientes en el área deportiva de la Ciudad Universitaria, espacio que fue tomado con propósitos lucrativos por quienes se han convertido en destructores de una comunidad joven y frágil ante este tipo de problemáticas. Nuestro país lamentablemente exporta y consume estas sustancias. Pero, además, hemos pasado de las llamadas drogas blandas, a las duras, lo que ha incrementado los tristes y deplorables episodios de sobredosis que se han vivido en la Universidad de Antioquia.
El tercer hecho de esta problemática lo constituye la apropiación de los espacios comunes equipados con sillas y con mesas, en perjuicio de los jóvenes que encuentran en ellos el único lugar para estudiar, porque en sus casas carecen de esos espacios. Durante todo el tiempo de mi administración se han realizado diversos programas de bienestar; lamentablemente, y como algunos estudiantes han reconocido, detrás de estas ventas se encuentran verdaderos “maquiladores” que explotan a los estudiantes, para vender informalmente sus mercancías a cambio de unos pocos pesos al día.
Todo esto llevó a que la comunidad universitaria y la sociedad que venía al campus sintieran con consternación que la Alma Máter de los antioqueños se estaba verdaderamente privatizando y perdiendo, y que los grandes logros que teníamos para mostrar, esto es, tener los derechos de matrícula más bajos en el país, ser líderes en investigación, aumentar la cobertura en la sede de Medellín y en las diferentes regiones del departamento, llegar a comunidades pobres para aportar desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia, y fortalecer nuestros lazos con el sector público y privado, se vieran empañados.
El anterior panorama llevó a que mi administración, con el acompañamiento del Consejo Superior Universitario y del Consejo Académico, determinara la necesidad de establecer un mínimo control de ingreso a las instalaciones de la Universidad, control que pasaba inicialmente por adelantar una renovación total de los carnés expedidos por la Universidad, acción que buscaba contar con un documento moderno y más seguro que acreditara realmente la pertenencia a esta Universidad.
Sin embargo, una medida normal de recarnetización en cualquier institución, que además fue acogida masivamente por los universitarios, generó una reacción inusitada por parte de un sector mínimo que se oponía, y se sigue oponiendo, a cualquier control de ingreso al campus. Como lo han mencionado algunos, querían que la Universidad tuviera mallas, pero sólo para que impidieran el ingreso de la fuerza pública.
La autonomía universitaria, que es una autonomía académica, administrativa y financiera, ha querido ser defendida por algunos como extraterritorialidad. La universidad pública no sólo hace parte del Estado, sino que, además, pertenece a la sociedad, y esa relación entre Estado, sociedad y universidad se concreta en el deber de unos de aportar los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y re spetar la autonomía constitucional y legal que le es reconocida, y en el deber de la Universidad de ser transparente, de rendir cuentas y de cumplir con su objetivo misional.
Luego de los tristes episodios del pasado 15 de septiembre, en los que algunos acusaron a la administración de cerrar la Universidad para “el pueblo” con los controles de ingreso (aunque otros aplaudieron las medidas de control), las directivas universitarias determinaron suspender las actividades docentes. El lapso que ha transcurrido hasta el momento, vano e infructuoso para algunos, imperioso y preciso para otros, ha servido para aprender y para reconocer muchas cosas:
En primer lugar, que nos encontrábamos ante una problemática que toca fondo, frente a la cual era necesario realizar una pausa para determinar la mejor estrategia de salida, garantizando que los principios institucionales se mantengan incólumes, y que se sienten las bases para que el espacio público universitario vuelva a ser en su totalidad de los estamentos y de la sociedad, para el desarrollo de las actividades misionales.
En segundo lugar, ha permitido la expresión de miles de voces de solidaridad con la Universidad, todas las cuales celebran que las directivas universitarias estén adoptando decisiones que muchos veían lejanas por temor a las conocidas reacciones de ciertos sectores.
En tercer lugar, y tal vez lo más importante, nos ha permitido entender que este campus carece de sentido si no se utiliza para lo que fue establecido, y que sólo si estamos de acuerdo en unos mínimos de convivencia y estamos dispuestos a respetarlos, podremos mantener pujante esta Institución que vibra en el corazón de todos.
Todo lo anterior llevó a que el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario determinaran la realización de una consulta, como parte de un proceso de normalización de las actividades docentes. Este mecanismo de participación ha recibido críticas por preguntar cosas que pueden percibirse como obvias, pero, parafraseando a Jorge Orlando Melo, en una democracia, por defectuosa que sea, el derecho a hablar de los ciudadanos que no son escuchados y que no se sienten representados en otros espacios se hace efectivo por medio de una consulta.
Los directivos académicos somos conscientes de que la consulta por sí sola no resuelve los problemas que motivaron la suspensión. Sabemos que se intentará continuar con el expendio de drogas, y que es factible que se recurra al soborno, e inclusive a la violencia; sabemos que no se acabará fácilmente con negocios lucrativos y que además usufructúan la limitada condición económica de los estudiantes; sabemos que los que aún creen en la violencia como método para resolver cualquier diferencia llegarán a reclamar venganza y a difundir su odio contra los que consideran enemigos.
Frente a todos estos peligros, las directivas universitarias están implementado acciones concretas; pero, frente a la posibilidad de que un nuevo hecho de violencia lleve o prolongue la suspensión de las actividades universitarias indefinidamente, la única defensa que tenemos es que los 20.780 universitarios que al momento de finalizar estas líneas habían respondido la consulta, los que aún faltan por responderla, las instituciones públicas y privadas, y los ciudadanos de a pie, hagamos valer que este campus tiene que dedicarse para el estudio, para la libertad y para la convivencia.
Medellín, 1 de octubre de 2010
Alberto Uribe Correa
